El mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, excomandante del Gaula Militar Casanare, relató ante una comisión del Senado su experiencia como compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde reconoció su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales. El exmilitar aseguró que, tras permanecer 11 años y 28 días privado de la libertad en la justicia ordinaria, se acogió a la JEP en 2017 y se comprometió a entregar información sobre los hechos.

Soto Bracamonte hace parte de un grupo de 23 exintegrantes de unidades militares imputados por la JEP por más de 300 asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate en Casanare entre 2005 y 2008. Durante su intervención reconoció que mientras estuvo en la justicia ordinaria ocultó información y sostuvo que posteriormente pudo explicar ante la justicia transicional cómo ocurrieron asesinatos de personas inocentes durante el periodo en que estuvo al frente del Gaula Militar Casanare.

El mayor retirado también se refirió a los encuentros realizados con familiares de las víctimas, en los que los comparecientes han tenido que explicar las circunstancias en las que ocurrieron los crímenes. Según Soto, este proceso permitió contrastar sus declaraciones y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Actualmente está a la espera de que la JEP determine la sanción restaurativa correspondiente.

La intervención se produjo en medio de la discusión política por el presupuesto de la JEP. De acuerdo con Cambio, la Cámara de Representantes aprobó un recorte de $170.000 millones. El presidente de la jurisdicción, Alejandro Ramelli, aseguró durante la audiencia que esa reducción dejaría a la entidad “inoperante” y señaló que el sistema tiene más de 600.000 víctimas acreditadas, además de más de 12.000 comparecientes de las antiguas Farc y más de 4.700 integrantes de la fuerza pública.