El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, radicó ante el Congreso de la República un proyecto de reforma constitucional denominado «antimermelada», con el que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella busca establecer nuevas reglas para las gestiones que realizan los parlamentarios ante las entidades del Estado. La iniciativa pretende hacer públicas las solicitudes de inversión para las regiones y evitar que la asignación de recursos esté relacionada con acuerdos políticos reservados.

Uno de los principales cambios propuestos consiste en crear un registro público en el que cualquier ciudadano pueda consultar qué congresista solicitó determinado proyecto, cuál es su propósito, dónde se ejecutaría y cuándo fue presentado. De esta manera, los legisladores podrían gestionar obras como acueductos, carreteras e infraestructura para sus departamentos y municipios, pero tendrían que dejar constancia de sus solicitudes en un sistema de acceso público.

La reforma también establece límites entre la gestión de proyectos y la contratación estatal. Aunque los congresistas podrían promover iniciativas para sus regiones, no tendrían permitido intervenir en la adjudicación, celebración o ejecución de los contratos correspondientes. Además, se plantea impedir que estas gestiones generen beneficios particulares para los parlamentarios, sus familiares, socios o financiadores de campaña, mientras el Gobierno conservaría la responsabilidad de formular el presupuesto nacional.

Otro de los componentes busca modificar el régimen de conflictos de intereses, diferenciando las actividades propias de la representación política de aquellas que producen beneficios particulares. La propuesta contempla registros públicos de intereses y financiadores de campañas, así como la pérdida de investidura para quienes oculten información en sus declaraciones. Según Lara, el objetivo es permitir que los congresistas representen los intereses de sus regiones y sectores económicos bajo reglas de transparencia.

El proyecto propone modificar cuatro artículos de la Constitución Política y deberá superar su trámite legislativo antes de entrar en vigor. Si es aprobado, el Congreso tendría un plazo de 12 meses para expedir una ley orgánica que reglamente los registros públicos y los procedimientos correspondientes. Por ahora, las medidas hacen parte de una iniciativa gubernamental que busca modificar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.