Luego de comandar la Brigada 30 en Norte de Santander, el brigadier general Gerardo Ortiz Ramírez asumió el mando de la Octava División del Ejército Nacional, en una ceremonia militar presidida por el mayor general Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército.
El cambio de mando se produce tras la culminación del periodo del mayor general Jaime Alonso Galindo, quien durante 2025 estuvo al frente de la Octava División. De acuerdo con información oficial, su gestión se centró en operaciones contra estructuras armadas ilegales y delitos como el narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión, además de la implementación de estrategias orientadas a la preservación y conservación del medio ambiente.
El brigadier general Ortiz Ramírez llega a este cargo después de su paso por la Brigada 30, donde lideró operaciones de seguridad en una región con dinámicas complejas asociadas al conflicto armado y la criminalidad organizada.
Con 33 años de servicio en el Ejército Nacional, Ortiz Ramírez pertenece al arma de caballería y ha ocupado diferentes cargos de mando y planeación operacional. Entre ellos se cuentan responsabilidades en el Batallón de Comandos N.° 1 Ambrosio Almeida, unidades especiales, brigadas de despliegue rápido, la Décima Brigada del Ejército Nacional y el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales. También se desempeñó como agregado militar y aéreo en el Reino Unido.
En el ámbito académico, el nuevo comandante es profesional en Ciencias Militares y cuenta con estudios de especialización en Administración de Recursos Militares, Seguridad y Defensa Nacional y Derecho Internacional Aplicable a los Conflictos Armados, además de una maestría en Seguridad y Defensa Nacional.
Durante su trayectoria, ha sido reconocido con condecoraciones otorgadas por autoridades militares y civiles, las cuales reposan en su hoja de vida institucional.
Al asumir el mando de la Octava División, el brigadier general Ortiz Ramírez indicó que su labor estará enfocada en la continuidad de las operaciones militares orientadas a la protección de la vida, la honra y los bienes de los habitantes de Arauca, Casanare, Guainía, Vichada y algunos municipios de Boyacá, así como en aportar a condiciones de seguridad que permitan el desarrollo social y económico de estos territorios.
