La secretaria de Infraestructura de Yopal, Adriana Hernández, interpuso una denuncia penal y una queja disciplinaria contra 11 concejales del municipio, luego de los hechos ocurridos durante una sesión de control político citada para el pasado 7 de mayo y que finalmente no se realizó.
La acción judicial involucra a los concejales Jesús Alberto Vega, Ociel Ortiz, Cristóbal Torres, Wilson García, Gustavo Adolfo Martínez, Reinaldo Medina, Karen Vargas, Rafael Antonio Vargas, Andersson Carrillo, Reyes Emilio Guanaro y Andrés Dainover Rodríguez. Según el documento presentado por la funcionaria, los hechos estarían relacionados con presuntas conductas de abuso de autoridad, constreñimiento ilegal y posibles actuaciones arbitrarias dentro del trámite adelantado en el Concejo Municipal.
De acuerdo con el relato entregado por Hernández, desde la etapa previa al debate encontró presuntas inconsistencias en el cuestionario enviado por los concejales, señalando que algunas preguntas tendrían un enfoque orientado a construir argumentos políticos en su contra.
La funcionaria aseguró además que el día de la sesión fue sorprendida con una modificación del orden del día y posteriormente con una propuesta para cancelar el debate apenas iniciada la jornada. Según expuso en su denuncia, durante cerca de dos horas varios concejales realizaron cuestionamientos y críticas a su gestión sin que pudiera responder o controvertir los señalamientos realizados en el recinto.
Dentro del escrito también se menciona que la funcionaria habría conocido previamente conversaciones que, según su versión, apuntaban a que la suspensión del debate hacía parte de una estrategia previamente acordada. Además, relacionó presuntas presiones políticas vinculadas a proyectos de infraestructura y obras ejecutadas en algunos sectores de la ciudad.
Paralelamente, Adriana Hernández solicitó a la Procuraduría General de la Nación acompañamiento y vigilancia preventiva frente a las investigaciones y actuaciones derivadas de este caso, mientras avanzan las diligencias relacionadas con la denuncia presentada contra los corporados.
