La Alcaldía de Tauramena adoptó oficialmente la Política Pública de Participación Social en Salud, una herramienta que busca abrir y fortalecer los espacios para que los ciudadanos puedan participar en la planeación, seguimiento, evaluación y control de las decisiones relacionadas con la salud en el municipio. La medida quedó establecida mediante la Resolución 194 del 17 de febrero de 2026, firmada por el alcalde Javier Augusto Álvarez Alfonso.

Pero ¿qué significa esto para la comunidad? La política busca que las decisiones sobre salud no se concentren únicamente en las instituciones. Entre sus propósitos está fortalecer la capacidad de los ciudadanos para intervenir en las políticas públicas, promover el autocuidado, facilitar la vigilancia sobre los recursos destinados al sector y generar participación en la definición de acciones y presupuestos relacionados con la salud.

Para ponerla en funcionamiento, la Administración Municipal deberá formular cada año un Plan de Acción, construido con la participación de los diferentes programas de la Alcaldía. Además, se designará un profesional como enlace de la Política de Participación Social en Salud, encargado de coordinar las actividades, realizar seguimiento a su cumplimiento y consolidar los avances que se desarrollen durante el año.

La política se desarrollará sobre cinco ejes principales: fortalecimiento institucional, empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales, promoción de la cultura de la salud, control social y participación de la comunidad en los procesos de decisión para garantizar el derecho a la salud. De esta manera, también se pretende que los habitantes conozcan los programas existentes y cuenten con mecanismos para involucrarse y ejercer vigilancia sobre su funcionamiento.

La Resolución 194 comenzó a regir desde su expedición, el 17 de febrero de 2026, y su aplicación corresponde a la Alcaldía de Tauramena. La decisión responde a las disposiciones nacionales que reconocen la participación social como parte del derecho a la salud y establecen que las entidades territoriales deben desarrollar mecanismos para involucrar a la ciudadanía en las decisiones que puedan afectarla.