A las once de la mañana del martes, María Otilia Pinto llegó a su finca en la vereda Marroquín, en el corregimiento El Morro, zona rural de Yopal. La llevaba, como en otras ocasiones, José Domingo Torres. Era un recorrido habitual, un favor más entre vecinos. Nada parecía distinto hasta el momento en que se bajaron del vehículo.

Cinco hombres armados salieron de la vivienda y los redujeron de inmediato. Les quitaron los celulares y los encerraron. Afuera ya tenían sometido al propietario del predio, Fermín Gutiérrez, conocido en la zona como “Descachado”. Según los testimonios, los hombres actuaban con determinación y preguntaban por un dinero que, aseguraban, había sido entregado por una compañía. María Otilia intentó interceder por José Domingo. “Él me está haciendo un favor”, recuerda que dijo. La respuesta fue un arma en la boca y una amenaza de muerte. Lo sacaron de la habitación. No volvió a verlo con vida.

El objetivo de los atacantes, de acuerdo con el relato de la mujer, era una suma que calculaban en 100 millones de pesos que supuestamente les había entregado la compañía petrolera y que, según ellos, estaba enterrada en la finca. María Otilia insistía en que esa versión no correspondía a la realidad. La amarraron y la obligaron a caminar por el predio mientras escarbaban la tierra. A Fermín Gutiérrez lo golpearon y lo forzaron a colaborar. En medio de la agresión le ocasionaron heridas con arma blanca y perdió tres dedos de una mano cuando intentó oponerse al hurto. También fue obligado a cavar un hueco que, según alcanzó a contar después, era para enterrarlo allí mismo.

A María Otilia la amarraron y la llevaron por distintos puntos del predio. Le exigían que dijera dónde estaba la plata. Le pusieron un arma blanca en el cuello y le repitieron que si no hablaba moriría. Como parte de la intimidación, le mostraron uno de los dedos amputados de su esposo. Ella recuerda haber pensado que no saldría con vida.

Solo después de recorrer y escarbar en diferentes sectores de la finca, los hombres encontraron una suma cercana a los 20 millones de pesos que la familia tenía guardada en la cochera de los marranos. Ese dinero, según el relato de la mujer, correspondía a recursos propios del hogar. No era la suma que los agresores exigían ni el monto que afirmaban había sido entregado por la compañía. A pesar de haber encontrado ese dinero, continuaron registrando la vivienda y se llevaron además un televisor, una alcancía y un chinchorro.

En medio de la situación se produjo el asesinato de José Domingo Torres. El hombre había llegado hasta la vivienda en el momento en que se desarrollaba la incursión. Su hermano, Rigoberto Torres, relató que lo encontró en un pasillo lateral de la casa, cerca de la cocina. Tenía 46 años y dejó dos hijos. “Era una persona humilde, no tenía problemas con nadie. Solo estaba haciendo un favor”, expresó. La familia considera que su contextura física pudo haber sido vista por los agresores como una posible amenaza.

Cuando los atacantes decidieron huir, lo hicieron en un automóvil Aveo gris y en una motocicleta que hurtaron de la misma finca. Antes de marcharse volvieron a amarrar a María Otilia. Ella logró soltarse minutos después y corrió monte arriba en busca de ayuda. En el trayecto se reencontró con su esposo, gravemente herido pero con vida. Ambos se dirigieron hacia una locación petrolera cercana para pedir auxilio. Según el relato de la familia y de líderes comunitarios, no recibieron atención inmediata en el lugar. Finalmente, una camioneta de la Junta de Acción Comunal los trasladó hasta un centro asistencial, donde Fermín Gutiérrez permanece hospitalizado.

Vecinos difundieron mensajes de alerta a través de redes sociales y se organizó un cerco que se extendió por sectores veredales y hasta la vía alterna que comunica a Tauramena con Monterrey. Allí fue ubicado el vehículo en el que huían los sospechosos. En medio de la persecución se registró un intercambio de disparos y las autoridades reportaron la captura de dos personas y la aprehensión de un menor de edad, presuntamente vinculados al caso. Otros posibles implicados continúan siendo buscados.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió las diligencias judiciales y la recolección de los elementos materiales probatorios en la escena. De manera paralela, líderes del corregimiento solicitaron mayor presencia institucional y refuerzos de seguridad en la zona rural del sur de Casanare. Señalaron que, aunque en los últimos meses se han registrado robos y otros hechos delictivos, no se había presentado un episodio con este nivel de violencia en El Morro.

Un hombre murió, otro permanece hospitalizado con heridas graves y una comunidad, entre el duelo y la preocupación, espera que el proceso judicial avance y que el caso no quede en la impunidad.