Durante las sesiones extraordinarias convocadas por la administración municipal, el Concejo de Villanueva inició el estudio, en comisión de desarrollo, del proyecto de acuerdo que busca otorgar facultades al alcalde Héctor Vizcaíno para adelantar procesos de legalización y regularización urbanística de asentamientos humanos de origen informal en condición de precariedad. La iniciativa fue socializada hoy lunes 22 de junio y la concejal Diana Milexi Roa fue designada como ponente del proyecto.
La propuesta contempla facultar al mandatario municipal hasta el 31 de diciembre de 2027 para desarrollar los trámites administrativos, técnicos y jurídicos necesarios para la legalización urbanística de aquellos asentamientos que cumplan con los requisitos establecidos por la normatividad vigente. El objetivo es avanzar en procesos de ordenamiento y planificación urbana que permitan incorporar estos sectores al desarrollo formal del municipio, garantizando el cumplimiento de las condiciones legales exigidas para cada caso.
La iniciativa surge meses después de que el Juzgado Primero Administrativo de Casanare declarara en primera instancia la nulidad del Acuerdo Municipal 015 del 31 de agosto de 2025, mediante el cual el Concejo había delegado facultades similares al alcalde Héctor Vizcaíno. La demanda argumentó que el proyecto fue promovido por iniciativa de un concejal y no del mandatario municipal, pese a que este tipo de autorizaciones, según la normatividad vigente, deben ser presentadas por el ejecutivo. En esta ocasión, el proyecto fue radicado por la administración municipal y presentado directamente por el alcalde para ser estudiado dentro de las sesiones extraordinarias.
De acuerdo con los estudios que acompañan la iniciativa, actualmente existen 17 asentamientos humanos identificados como susceptibles de ser evaluados dentro de futuros procesos de legalización urbanística. Sin embargo, el proyecto aclara que esta condición no implica una legalización automática, ya que cada asentamiento deberá surtir las revisiones técnicas, jurídicas, ambientales y de gestión del riesgo exigidas por la ley antes de avanzar en cualquier procedimiento.
El documento también recuerda que Villanueva ya cuenta con antecedentes en este tipo de procesos. En años anteriores fueron adelantadas actuaciones de legalización urbanística en sectores como El Triunfo, Palma Real, Boyacá Real, La Colmena y La Abejita, entre otros, experiencias que sirven como referencia para los nuevos trámites que podrían desarrollarse en caso de aprobarse las facultades solicitadas.
La iniciativa establece restricciones claras frente a los asentamientos que no podrán ser objeto de legalización. Entre ellos se encuentran aquellos ubicados en zonas de protección ambiental, áreas de conservación, terrenos destinados a servicios públicos o sectores clasificados con riesgo no mitigable, de conformidad con la legislación nacional y los instrumentos de planificación territorial.
De obtener el respaldo de la corporación, la administración municipal contaría nuevamente con herramientas jurídicas para adelantar procesos de regularización urbanística en sectores que hoy permanecen en condición informal.
