El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal declaró la nulidad de la Resolución 1132 de diciembre de 2023, mediante la cual la administración municipal identificó a 2.589 hogares como beneficiarios del proyecto de vivienda Alameda Martha Mojica. La sentencia, emitida el 8 de octubre de 2026, determinó que el alcalde asumió funciones que legalmente correspondían al Instituto de Vivienda, Gestión Urbana y Rural de Yopal (INDEV).

El proceso judicial se originó en una demanda presentada por Oromairo Avella Ballesteros en junio de 2024. Según el fallo, de 3.637 hogares postulantes, 2.589 fueron incluidos en la resolución y 1.048 quedaron por fuera. Además, el juzgado cuestionó que el alcalde expidiera el documento un día después de que el INDEV ampliara hasta diciembre de 2024 el plazo para asignar los subsidios debido a trámites pendientes.

Entre las irregularidades identificadas también figuran dificultades con los terrenos Los Manantiales y El Copey, que no habían sido transferidos formalmente al INDEV. El expediente señala problemas relacionados con la disponibilidad de servicios públicos, la infraestructura de alcantarillado y un concepto desfavorable de la Aeronáutica Civil sobre la ubicación proyectada de una planta de tratamiento de aguas residuales.

La sentencia aclara que aparecer en la resolución no otorgaba automáticamente un derecho adquirido sobre los lotes. Sin embargo, la decisión judicial tampoco significa la cancelación de toda la convocatoria de vivienda, pues corresponde al INDEV continuar el procedimiento desde la etapa legalmente válida y verificar las condiciones necesarias para una eventual asignación de los subsidios.

Finalmente, el juez Mauricio Andrés Pérez Caballero ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría competente para investigar posibles irregularidades penales, disciplinarias y fiscales relacionadas con el proyecto. La decisión es de primera instancia y no constituye una declaración de responsabilidad penal contra los funcionarios que participaron en las actuaciones cuestionadas.