El concejal de Puerto Gaitán, Julián Gaitán, fue separado temporalmente de su curul luego de que un juez le impusiera una medida de aseguramiento privativa de la libertad dentro de una investigación penal relacionada con presuntas agresiones sexuales contra una adolescente de 16 años. A su vez, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el cabildante por este caso, hechos que, según el Ministerio Público, habrían ocurrido en enero de 2025.
La decisión fue adoptada por el Concejo Municipal de Puerto Gaitán mediante una resolución expedida el pasado 26 de mayo, después de que el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías notificara oficialmente a la corporación sobre la medida judicial impuesta durante una audiencia realizada el 20 de mayo.
De acuerdo con la información conocida, el proceso penal está relacionado con el presunto delito de acceso carnal o acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir, caso que actualmente es adelantado por la Fiscalía General de la Nación.
Con esta decisión administrativa, Julián Gaitán queda suspendido temporalmente de sus funciones como cabildante mientras avanzan las actuaciones judiciales en su contra. Entre tanto, el Concejo iniciará el trámite correspondiente para que la curul sea ocupada provisionalmente por el siguiente candidato no elegido de la lista del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).
Para ello, la corporación deberá solicitar a la Registraduría Nacional del Estado Civil la certificación oficial que permita establecer quién deberá asumir temporalmente el cargo mientras permanezca vigente la vacancia.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Villavicencio ordenó además la práctica de pruebas para verificar la ocurrencia de la conducta atribuida al cabildante, quien fue capturado por la Fiscalía dentro del proceso penal que actualmente se adelanta en su contra.
El Ministerio Público recordó que, dentro de la investigación disciplinaria, Julián Gaitán conserva el derecho a ejercer su defensa, presentar pruebas y controvertir las actuaciones adelantadas en su contra, en cumplimiento de las garantías procesales y el debido proceso.
