Solo el 46 % de la capacidad militar de Colombia está disponible para realizar operaciones, según el estudio Recuperar la ventaja, presentado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Konrad Adenauer Stiftung. El diagnóstico señala dificultades de disponibilidad y sostenimiento en los componentes aéreo, terrestre, naval y fluvial, en medio de un escenario en el que las organizaciones armadas han ampliado su presencia territorial y el uso de nuevas tecnologías.

Las cifras muestran diferencias entre componentes. En el aéreo, el 55,5 % del inventario aparece fuera de servicio, mientras que en el naval y fluvial la proporción alcanza el 48,1 %. En el componente terrestre, otro reporte sobre el estudio señala déficits presupuestales de sostenimiento del 96 % en artillería, 93 % en transportes y 78 % en caballería.

El panorama presupuestal también hace parte de las alertas. Entre 2015 y 2025, los costos estimados de operación crecieron tres veces más rápido que los recursos disponibles para cubrirlos. Además, durante 2025 los gastos asociados al personal activo y retirado representaron el 76,2 % del presupuesto del sector Defensa, reduciendo el margen para combustible, repuestos, mantenimiento y modernización.

A esto se suma un rezago acumulado en capacidades que superaría los $100 billones, de acuerdo con una estimación del Ministerio de Defensa citada por la FIP. Por otra parte, el valor presente de las obligaciones reconocidas por asignaciones de retiro, invalidez y sustitución pensional ascendía en 2024 a cerca de $50 billones. El estudio también advierte sobre la salida de personal especializado: durante 2025, al menos 34 expertos en inteligencia dejaron la institución.

Estas limitaciones se presentan mientras aumentan las exigencias operacionales. Entre 2024 y 2025, los ataques contra la Fuerza Pública crecieron 62 %, las acciones contra infraestructura y bienes civiles aumentaron 59 % y las acciones de grupos armados mediante drones subieron 132 %, al pasar de 119 a 277. En ese mismo periodo, la influencia territorial de los principales grupos armados pasó de 562 a 627 municipios.

La Fuerza Pública, por su parte, realizó 234 acciones contra grupos armados durante 2025, un 34,5 % más que en 2024. Sin embargo, según la FIP, ese incremento operacional coincidió con un crecimiento de los principales grupos armados tanto en número de integrantes como en presencia territorial. Las cifras recopiladas por la Fundación indican que estos grupos pasaron de 21.958 integrantes en 2024 a 27.121 en 2025.

Frente a este diagnóstico, la FIP formuló diez recomendaciones, entre ellas recuperar primero las capacidades existentes que todavía puedan utilizarse, determinar el costo mínimo requerido para sostener las operaciones y asegurar financiación de largo plazo para la modernización. También plantea fortalecer inteligencia, vigilancia, comunicaciones, guerra electrónica, ciberdefensa, manejo de datos e inteligencia artificial, además de anticipar cuáles capacidades resultan prioritarias para mantener el control territorial.