El presidente Abelardo de la Espriella ordenó una revisión de los esquemas de seguridad asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el propósito de identificar aquellos que no cuenten con una justificación técnica suficiente. El mandatario cuestionó el uso de recursos públicos destinados a estas medidas y pidió acelerar el retiro de las que no cumplan con los requisitos establecidos, en medio de las restricciones fiscales que enfrenta el país.

Durante su pronunciamiento, De la Espriella criticó la asignación de esquemas basados en denuncias de amenazas que, a su juicio, no cuentan con suficiente sustento. «No acepto que haya un solo esquema de seguridad otorgado sin fundamento, sin importar quién sea el beneficiario», afirmó. Sin embargo, precisó que las personas que enfrenten riesgos comprobados deberán conservar su protección, independientemente de su posición política.

Uno de los casos que ha generado cuestionamientos es el de Rodrigo Londoño, conocido como «Timochenko», último comandante de las extintas Farc. El pasado 29 de septiembre, el director de la UNP, Didier Blanco, confirmó que el exjefe guerrillero contaba con seis vehículos blindados y 16 hombres de protección. Además, reveló que Londoño solicitó ampliar su esquema, pero la entidad rechazó la petición después de realizar una evaluación de riesgo.

La protección de Londoño también se encuentra relacionada con su condición de firmante del Acuerdo de Paz de 2016 y las obligaciones del Estado frente a los excombatientes. Actualmente cumple una sanción de ocho años impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz por crímenes relacionados con secuestros. Aunque su nombre ha sido mencionado en documentos judiciales estadounidenses sobre presuntos vínculos con el narcotráfico, no se conoce una solicitud formal de extradición en su contra.

La revisión anunciada por el Gobierno deberá determinar cuáles esquemas continúan respondiendo a riesgos comprobados y cuáles requieren modificaciones o retiro. Por ahora, no se ha confirmado que las medidas de protección de Londoño vayan a ser reducidas como consecuencia de la nueva orden presidencial. Las decisiones dependerán de las evaluaciones técnicas y de las obligaciones legales que correspondan a cada beneficiario.