La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco antiguos comandantes de las Farc-EP, conocidos como ‘Calixto’, ‘El Pija’ o ‘Ricardo’, ‘Jaime Barragán’, ‘Monín’ y ‘Leonel Páez’, por hechos de violencia sexual y otras violencias basadas en género cometidos en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. Los comparecientes hicieron parte de las comandancias del Frente 6º y las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis, estructuras que operaron en municipios de ambos departamentos. La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad dentro del Caso 05.

La investigación documentó 68 hechos atribuidos a las Farc-EP contra 35 víctimas, de las cuales 30 pertenecían a la población civil y cinco eran integrantes de la antigua guerrilla. La JEP determinó que estos casos permiten identificar un patrón de violencia sexual y basada en género desarrollado en medio de la disputa por el control territorial y social. Los hechos atribuidos a las Farc-EP se concentraron especialmente en Florida, Miranda, Corinto, Toribío, Jambaló, Caldono y Santander de Quilichao.

Según la Sala, a los cinco comparecientes se les atribuyen, dependiendo de su participación y posición de mando, crímenes de lesa humanidad de violación, otras formas de violencia sexual de gravedad comparable y persecución por motivos de género, además de crímenes de guerra de violación, tortura y ultrajes contra la dignidad personal. La JEP calificó los abortos forzados practicados a niñas y mujeres reclutadas como tortura, mientras que la anticoncepción forzada fue considerada un ultraje contra la dignidad personal.

La decisión diferencia dos modalidades del patrón investigado. Una corresponde a las violencias ejercidas dentro de las propias filas de las Farc-EP, donde la Sala determinó que desde 1993 existió una política formal de anticoncepción forzada que derivó en la prohibición del embarazo y la maternidad, además de documentar abortos forzados y hechos de violencia sexual, particularmente contra menores reclutadas. La segunda modalidad comprende hechos contra población civil, entre ellos agresiones contra mujeres y niñas y persecución contra personas con orientación sexual, identidad o expresión de género diversa.

En cuanto a los imputados, ‘Calixto’ integró la comandancia del Frente 6º desde 1998 y fue su máximo comandante entre 2013 y 2016. ‘El Pija’ o ‘Ricardo’ comandó la Columna Móvil Jacobo Arenas desde 1995 y fue su máximo jefe entre 2013 y 2015; ‘Jaime Barragán’ hizo parte de esa comandancia desde 2002 y la dirigió entre 2015 y 2016; ‘Monín’ perteneció a su comandancia desde 1998 y fue segundo comandante desde 2013; mientras que ‘Leonel Páez’ fue fundador de la Columna Móvil Gabriel Galvis y su máximo comandante hasta 2014. La JEP les atribuyó responsabilidades específicas como superiores o coautores mediatos, según cada caso.

El análisis de la JEP señala además que la violencia sexual en esa región fue cometida por distintos actores armados. De los registros estudiados por la Unidad de Investigación y Acusación, 43,7 % fueron atribuidos a grupos paramilitares, 35,4 % a grupos guerrilleros —en su mayoría a las Farc-EP— y 7,3 % a integrantes de la Fuerza Pública. La decisión constituye el tercer Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 05, el primero dedicado exclusivamente a violencias basadas en género y corresponde al décimo patrón criminal identificado dentro de este caso territorial.

Ahora, los cinco antiguos integrantes de las Farc-EP tendrán 30 días hábiles desde la notificación para reconocer o no los hechos y conductas atribuidos. Si reconocen responsabilidad, el proceso continuará hacia una audiencia de reconocimiento y eventualmente una resolución de conclusiones para la imposición de una sanción propia. Si no reconocen los hechos, los respectivos casos serán enviados a la Unidad de Investigación y Acusación y, de ser hallados responsables después de un juicio, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.