El Consejo de Estado admitió para estudio una acción de tutela presentada por el registrador nacional, Hernán Penagos, contra el expresidente Gustavo Petro, relacionada con los señalamientos que este realizó sobre un supuesto fraude durante el proceso electoral de 2026. Penagos busca la protección de sus derechos al buen nombre, la honra y la rectificación, así como los de la Registraduría Nacional.

La controversia se origina en declaraciones y publicaciones realizadas por Petro entre junio y agosto, cuando todavía ejercía la Presidencia. En ellas cuestionó aspectos como el censo electoral, la distribución de puestos y mesas de votación, los formularios E-14 y los sistemas tecnológicos utilizados por la Registraduría, además de plantear posibles irregularidades en el proceso electoral.

Penagos sostiene que los señalamientos fueron realizados sin pruebas que los respaldaran y afirma que previamente solicitó una rectificación que no fue atendida. El registrador considera que las afirmaciones excedieron los límites de la crítica a los funcionarios públicos al poner en duda la transparencia de la organización electoral y atribuir posibles conductas irregulares.

La admisión de la tutela no significa que el Consejo de Estado haya dado la razón a Penagos ni que haya ordenado una retractación. El proceso apenas entra en estudio y Petro tendrá la oportunidad de presentar su defensa antes de que el alto tribunal adopte una decisión de fondo sobre las pretensiones del registrador.