La Contraloría General de la República mantiene un hallazgo fiscal por $370.487 millones relacionado con dos contratos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) suscritos en 2024, durante la administración de Felipe Harman, exalcalde de Villavicencio. Los acuerdos, celebrados con la Unidad para las Víctimas, sumaban cerca de $710.000 millones y tenían como propósito adquirir predios rurales provenientes del Fondo para la Reparación de las Víctimas para incorporarlos al Fondo de Tierras.
El cuestionamiento puede resumirse en dos cifras: de los cerca de $710.000 millones previstos en los contratos, la ANT había desembolsado aproximadamente $679.269 millones, equivalentes al 95,67 %. Sin embargo, la Contraloría estableció que los actos de transferencia de dominio que pudieron acreditarse representaban alrededor de $308.781 millones, es decir, el 45,46 % de los recursos desembolsados. La diferencia entre ambos valores es la que da origen al hallazgo fiscal por aproximadamente $370.487 millones.
La situación fue diferente en cada contrato. En el primero, identificado como ANT-202413098, fueron desembolsados cerca de $393.001 millones, mientras que las transferencias acreditadas alcanzaron aproximadamente $100.685 millones, equivalentes al 25,62 % de lo girado. Allí se identificaron 71 predios con resolución de transferencia, de los cuales 52 estaban inscritos y 19 continuaban en trámite registral. En el segundo contrato, ANT-20245680, se desembolsaron $286.268 millones y se acreditaron actos de transferencia por $208.095 millones, correspondientes al 72,69 % de los recursos girados; en este caso había 105 predios con resolución de transferencia, 78 inscritos y 27 en trámite.
La ANT controvirtió las observaciones y, en una respuesta presentada el 27 de julio de 2026, cuando Harman todavía dirigía la entidad, pidió retirar las incidencias fiscal, penal y disciplinaria. Su argumento fue que estos contratos no funcionaban como una compraventa inmediata, sino mediante un proceso progresivo que incluía estudios jurídicos y técnicos, avalúos, levantamientos topográficos, saneamiento catastral, entrega anticipada y finalmente la incorporación de los inmuebles al Fondo de Tierras. La Agencia reportó además más de 184 predios entregados provisionalmente.
La explicación, sin embargo, no llevó a la Contraloría a retirar el hallazgo fiscal. Para el organismo de control, la entrega material o provisional de un terreno no equivale a que jurídicamente se haya consolidado la transferencia de su dominio. Los auditores también señalaron que los predios presentaban situaciones distintas que debían analizarse individualmente, entre ellas posibles solicitudes de restitución, ocupaciones y otras contingencias que podían afectar su transferencia definitiva.
Hay otra precisión relevante: aunque la Contraloría mantuvo las incidencias fiscal y disciplinaria, retiró la incidencia penal al considerar que no existían elementos suficientes para sostenerla. Por ahora, entonces, el hallazgo no constituye una condena contra Felipe Harman ni demuestra que los $370.487 millones hayan desaparecido; el proceso deberá establecer si la diferencia detectada terminó representando efectivamente un daño al patrimonio público y, de ser así, determinar las responsabilidades correspondientes.
