Cerca de $30 billones estima el Gobierno Nacional que serán necesarios para atender las consecuencias del terremoto del 10 de agosto de 2026, entre labores de reconstrucción, asistencia humanitaria y recuperación de infraestructura. Ante la magnitud de estos recursos, la Contraloría General de la República anunció un plan especial de vigilancia fiscal que abarcará 16 departamentos incluidos en la declaratoria de emergencia económica, con el propósito de verificar cómo se administran y ejecutan los dineros destinados a la población afectada.
La medida quedó establecida mediante la Resolución Reglamentaria 0075 de 2026, expedida por el contralor general Jorge Laverde Vargas. El seguimiento comprenderá Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Sucre, Caquetá y Santander, territorios contemplados en el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026. La vigilancia incluirá recursos del Presupuesto General de la Nación, presupuestos territoriales, donaciones nacionales e internacionales y operaciones de crédito público.
El control no se limitará a revisar cuánto dinero se destina a la emergencia. La Contraloría anunció que verificará el origen de los recursos, las entidades responsables de administrarlos, los contratos suscritos, los beneficiarios de las ayudas y los avances de las obras financiadas. Con esta información buscará establecer la trazabilidad de los fondos, desde su asignación hasta su ejecución, mediante herramientas de análisis de datos, identificación de riesgos y alertas tempranas que permitan detectar posibles irregularidades.
El organismo también ejercerá vigilancia sobre la gestión fiscal de los departamentos y municipios involucrados, apoyándose en observatorios sectoriales y mecanismos de seguimiento. Según explicó la entidad, las denuncias y advertencias presentadas por ciudadanos y congresistas relacionadas con la emergencia recibirán atención prioritaria, mientras que los resultados de la fiscalización serán divulgados periódicamente. El anuncio corresponde a una estrategia preventiva de control sobre los recursos previstos y no constituye, por sí mismo, un señalamiento de irregularidades en su manejo.
