La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena impuesta contra Santiago Uribe Vélez por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado dentro del proceso relacionado con el grupo armado ilegal conocido como Los 12 Apóstoles. Con esta decisión queda en firme la sentencia de segunda instancia emitida el 25 de noviembre de 2025.
La condena establece una pena de 28 años y 3 meses de prisión, una multa equivalente a 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 20 años para ejercer funciones públicas. La determinación fue confirmada luego de que la Corte revisara el caso bajo la figura de la doble conformidad, debido a que Santiago Uribe había sido absuelto en primera instancia y posteriormente condenado por un tribunal superior.
Según la decisión judicial, Los 12 Apóstoles operaron en el norte de Antioquia y estuvieron vinculados a homicidios cometidos principalmente en municipios como Yarumal, Valdivia y Santa Rosa de Osos. La sentencia señala que Santiago Uribe tuvo un papel de dirección dentro de la organización y que participó en actividades relacionadas con la selección de víctimas y la coordinación de acciones atribuidas al grupo.
Uno de los hechos por los cuales fue hallado responsable corresponde al homicidio de Camilo Barrientos, conductor de un vehículo de transporte público que cubría la ruta entre Campamento y Yarumal. De acuerdo con la sentencia, Barrientos fue señalado por integrantes de la estructura ilegal como supuesto colaborador de grupos guerrilleros y posteriormente asesinado por sicarios.
Para sustentar la condena, los magistrados valoraron decenas de testimonios y otros elementos probatorios recopilados durante el proceso judicial. Entre ellos figuran las declaraciones del exteniente de la Policía Juan Carlos Meneses, exintegrantes de la organización y antiguos comandantes paramilitares que fueron escuchados dentro de la investigación.
El expediente se remonta a 1995, cuando comenzaron las primeras denuncias sobre la existencia de la estructura ilegal. Aunque la investigación fue archivada años después, el caso fue reabierto en 2010 tras la aparición de nuevos testimonios y avanzó hasta llegar a juicio en 2020. Con la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia se agotan las instancias ordinarias dentro de este proceso penal.
