El presidente Abelardo de la Espriella formalizó el cierre de la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) al revocar la designación de los representantes del Gobierno que participaban en el proceso. La decisión quedó establecida mediante la Resolución Ejecutiva 391 del 9 de septiembre de 2026, como parte del desmonte de los espacios de negociación heredados del gobierno de Gustavo Petro.
Durante su pronunciamiento, De la Espriella cuestionó los recursos destinados a estos procesos y aseguró que algunos negociadores recibieron, en conjunto, $7.000 millones por su participación. El mandatario mencionó a Parmenio Cuéllar Bastidas, Álvaro Jiménez Millán, Feliciano Valencia y Gloria Cecilia Quiceno al hacer el señalamiento, aunque en su intervención no discriminó cuánto habría recibido cada persona ni detalló el periodo o los conceptos correspondientes a esos pagos.
El presidente calificó como una “falsa paz” el proceso adelantado durante la administración anterior y sostuvo que las negociaciones no produjeron los resultados esperados. También vinculó estos gastos con lo que considera casos de despilfarro y deficiencias administrativas que su Gobierno asegura estar revisando.
La resolución oficial revoca las designaciones de los representantes gubernamentales en la mesa con el ELN y se suma a otras decisiones adoptadas por el Ejecutivo para terminar diferentes escenarios de conversación con grupos armados. El Gobierno también dejó sin efecto las delegaciones que participaban en conversaciones con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y ha venido desmontando otros componentes de la política de “paz total”.
La decisión representa un cambio en la política del Gobierno nacional frente al ELN. La mesa había sido instalada durante la administración de Gustavo Petro y ahora queda formalmente sin representantes del Ejecutivo, mientras la administración De la Espriella orienta su estrategia hacia un enfoque diferente frente a los grupos armados.
