Una menor de edad logró escapar y denunciar ante las autoridades de Ibagué, Tolima, el infierno al que habría sido sometida durante diez años por su propia madre y su padrastro. La pesadilla comenzó en 2016, cuando la niña tenía 8 años, y solo terminó cuando la joven encontró la manera de huir y relatar su historia ante las autoridades. La pareja fue enviada a prisión de forma preventiva y enfrentan una posible pena de hasta 40 años de cárcel.

La Fiscalía reveló en audiencia que la madre mantuvo a la menor atada con cuerdas, cadenas y candados, desnuda e inmovilizada durante días, sin alimento, agua ni descanso. Además, la golpeó de manera reiterada y le provocó quemaduras químicas con hipoclorito. En ese mismo entorno, el padrastro abusó sexualmente de la niña en múltiples ocasiones, al punto que la menor quedó embarazada dos veces. Su propia madre la habría obligado a abortar en ambas oportunidades, sin atención médica y bajo presión psicológica, en la vivienda del barrio Ricaurte.

“Este es un claro caso de violación de derechos humanos, señoría”,explico el Fiscal del caso, quien según varios medios se veía visiblemente afectado durante la audiencia.

Para evitar que la menor pudiera pedir ayuda, fue retirada del colegio. En las escasas ocasiones en que salió del domicilio, fue llevada a un centro de planificación familiar para que le instalaran un dispositivo anticonceptivo, con el único fin de evitar nuevos embarazos. La juez del caso señaló que la madre no activó ningún mecanismo de protección para su hija y que, lejos de ello, participó activamente en varios de los episodios de violencia.

El caso llegó a conocimiento de las autoridades porque la joven logró escapar un día y acudió directamente ante un funcionario para relatar lo vivido. El psicólogo forense Belisario Valbuena, quien analizó el perfil de la madre, explicó que este tipo de comportamiento se presenta en mujeres que desde su propia infancia sufrieron abuso y maltrato, que se vinculan con agresores y terminan permitiendo que estos victimicen a sus hijos con su silencio.

La pareja permanece recluida de forma preventiva mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones. Los cargos imputados incluyen privación ilegal de la libertad, violencia sexual, tortura y los hechos relacionados con los abortos forzados. El proceso se convierte en uno de los casos de vulneración de derechos de la infancia más graves registrados recientemente en el Tolima.