Felipe Harman dejará la dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para vincularse a la campaña presidencial de Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio. Según información conocida por medios nacionales, el exalcalde de Villavicencio presentará su renuncia al cargo y comenzará a trabajar en la campaña a partir de este sábado 6 de junio.

La salida de Harman se produce en medio de reuniones adelantadas en la Casa de Nariño para definir la estrategia política del sector que respalda la candidatura de Cepeda. De acuerdo con versiones divulgadas por Caracol Radio, el ahora exdirector de la ANT podría asumir un papel relevante en la recta final de la campaña, especialmente en labores de articulación territorial y acercamiento con sectores sociales.

Entre las funciones que asumiría estarían el fortalecimiento de vínculos con organizaciones campesinas, líderes regionales y movimientos sociales, así como la coordinación de actividades políticas en distintas regiones del país. Harman ha sido identificado como una de las figuras cercanas a la política de entrega de tierras impulsada por el actual Gobierno Nacional y cuenta además con experiencia administrativa como exalcalde de Villavicencio.

La llegada del exfuncionario ocurre mientras continúan las discusiones sobre una eventual participación más activa de otros integrantes del Gobierno en la campaña presidencial. Entre los nombres mencionados en versiones de prensa aparecen el ministro del Interior, Armando Benedetti; el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino; y el ministro de Educación, Daniel Rojas, aunque hasta el momento no se han confirmado decisiones similares.

La renuncia de Harman se conoce además dos días después de que la Procuraduría General de la Nación informara una sanción disciplinaria de primera instancia en su contra por actuaciones relacionadas con un trámite adelantado durante su periodo como alcalde de Villavicencio. Según el organismo de control, la decisión está relacionada con presuntas irregularidades en una diligencia judicial asociada al restablecimiento de derechos sobre un bien inmueble.

La Procuraduría señaló que el exmandatario habría adelantado actuaciones que, según la entidad, generaron demoras en el cumplimiento de una orden judicial emitida en 2022. No obstante, la decisión fue apelada por su defensa y aún no se encuentra en firme.

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