La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al excanciller Álvaro Leyva Durán como presunto responsable del delito de prevaricato por acción, en un proceso relacionado con decisiones adoptadas durante la licitación para la expedición de pasaportes en el país.

De acuerdo con la investigación, el exfuncionario habría emitido tres actos administrativos que, presuntamente, buscaban obstaculizar la licitación 001 de 2023, cuyo objetivo era la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, por un valor cercano a los 559.000 millones de pesos.

Según los elementos recopilados, el comité evaluador había recomendado adjudicar el contrato a una unión temporal que cumplía con los requisitos exigidos; sin embargo, el 13 de septiembre de 2023, Leyva Durán declaró desierta la licitación mediante resolución, argumentando la existencia de un único oferente.

Posteriormente, pese a un recurso de reposición presentado por el proponente, el excanciller mantuvo la decisión y, ese mismo día, declaró la urgencia manifiesta, lo que permitió avanzar hacia la adjudicación directa del contrato sin proceso licitatorio.

Para la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, estas actuaciones habrían puesto en riesgo la continuidad del servicio de expedición de pasaportes y afectado el derecho de los ciudadanos a la libre movilidad.

El proceso continúa en etapa judicial, donde se evaluará la responsabilidad del exfuncionario frente a los hechos investigados.