Los exministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves fueron acusados formalmente por la Fiscalía como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, en un proceso relacionado con el direccionamiento de contratos en entidades del Estado.

De acuerdo con la investigación, los exfuncionarios habrían convocado reuniones, impartido directrices y hecho seguimiento a procesos contractuales en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el objetivo de orientar recursos hacia congresistas y asegurar respaldo a proyectos del Gobierno en el Congreso.

Según el material probatorio, entre junio y septiembre de 2023 se habrían intervenido 78 contratos por un valor cercano a 612.000 millones de pesos, de los cuales siete se concretaron. Posteriormente, entre septiembre y diciembre del mismo año, también se habría intentado incidir en otros tres procesos contractuales por más de 86.000 millones de pesos, que finalmente no se ejecutaron.

La Fiscalía señala que estos contratos estarían relacionados con proyectos de inversión y atención de emergencias en distintas regiones del país, mientras que, en paralelo, congresistas habrían respaldado iniciativas gubernamentales en el Legislativo.

Adicionalmente, se investiga un tercer momento en el que, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, los exministros habrían intervenido para direccionar un contrato por 35.000 millones de pesos en la UNGRD, el cual no llegó a materializarse.

El proceso judicial avanza mientras se determinan las responsabilidades frente a estos hechos.