Entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2026, la Fiscalía General de la Nación identificó y judicializó a 275 personas presuntamente involucradas en delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Los procedimientos se concentraron principalmente en Antioquia, Tolima, Valle del Cauca, Bolívar, Santander, Cundinamarca, Córdoba y Bogotá, y dejaron 258 procesados con medidas privativas de la libertad.
Las actuaciones hicieron parte de los denominados ‘Meses de la Justicia para la Niñez’, estrategia en la que fueron articulados fiscales de los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (Caivas) y de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA). Los procesados fueron imputados, de acuerdo con cada caso, por delitos como actos sexuales y acceso carnal con menor de 14 años, explotación sexual de menores de 18 años y violencia intrafamiliar.

Uno de los elementos identificados durante las investigaciones es que una parte significativa de los presuntos agresores pertenecería al entorno familiar o cercano de las víctimas. Entre las personas judicializadas aparecen familiares, profesores y otros adultos que, según las investigaciones, habrían aprovechado relaciones de cercanía o confianza para cometer las agresiones.
Entre los resultados está la judicialización de Luis Alfonso Guzmán, enviado a un centro carcelario por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de un adolescente de 15 años en Bogotá. Según la Fiscalía, habría aprovechado su condición de profesor y la confianza que tenía con la víctima para llevarla hasta un apartamento. En Soacha, Cundinamarca, otro hombre fue procesado por presuntamente someter sexualmente de manera reiterada a su prima entre 2015 y 2020, desde que ella tenía 6 años.

Las investigaciones también llegaron a Cumaribo y Puerto Carreño, Vichada, donde dos hombres habrían agredido sexualmente a cuatro niñas y adolescentes de comunidades indígenas entre 2010 y 2025. La Fiscalía señaló que uno de los investigados habría dejado embarazada en dos oportunidades a una víctima cuando tenía 13 años y que las niñas nacidas posteriormente también habrían sido sometidas sexualmente. Los dos hombres fueron imputados por diferentes delitos de acuerdo con su presunta participación y uno aceptó los cargos.
Otro de los procesos se adelantó en Carurú, Vaupés, donde el docente José María Leite Barazana fue judicializado por su posible participación en abusos sexuales contra cuatro estudiantes menores de edad durante 2025 y fue imputado por actos sexuales con menor de 14 años agravado. A estos casos se suma el de un hombre procesado en Medellín por las agresiones sexuales, físicas y psicológicas que presuntamente ejerció contra su hijastra de 7 años, como parte de los 275 casos llevados ante jueces durante los dos meses de intervención.

