La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 47 bienes, avaluados preliminarmente en 29.106 millones de pesos, que presuntamente hacían parte del patrimonio ilícito de una organización dedicada al tráfico de migrantes. La decisión comprende la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de los activos, que, según las investigaciones, habrían sido utilizados para facilitar el traslado irregular de extranjeros desde las costas del Golfo de Urabá hacia países de Centroamérica.

De acuerdo con la Fiscalía, la estructura habría participado en el traslado clandestino de al menos 800.000 ciudadanos provenientes de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica, China y otros países. Entre los bienes ocupados se encuentran 8 inmuebles, 3 sociedades, 4 establecimientos de comercio, 8 vehículos y 24 embarcaciones, que, al parecer, servían para transportar migrantes y ocultar las ganancias obtenidas mediante esta actividad ilícita.

El director especializado de Extinción del Derecho de Dominio, Juan Felipe Cárdenas, explicó que el procedimiento fue liderado por la Delegada para las Finanzas Criminales, en un trabajo conjunto entre la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Policía Nacional. Según indicó, con esta actuación las autoridades buscan impactar el músculo financiero de la organización señalada de participar en el tráfico de migrantes.

Las diligencias judiciales fueron realizadas en Medellín, Apartadó y Necoclí, en Antioquia, así como en Unguía y Quibdó, en Chocó. Los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras avanza el proceso de extinción de dominio que determinará su situación jurídica definitiva.