La visita de verificación realizada por la Fiscalía a la sede seccional de Medellín reabrió el debate sobre el manejo que recibió el material incautado a integrantes del Estado Mayor Central, en el que aparecían correos, chats y documentos que hoy hacen parte de la investigación por presuntas infiltraciones de las disidencias de las FARC en entidades del Estado. Durante la revisión, la Fiscalía reconoció que la funcionaria a cargo sí omitió remitir la información a los órganos correspondientes, pese a que el volumen de material “desbordaba” su capacidad operativa. Sin embargo, la entidad no adoptará medidas disciplinarias inmediatas.

En la intervención registrada a diferentes medios de comunicación, la fiscal general Luz Adriana Camargo, explicó que, aunque la reacción inicial fue considerar una compulsa de copias por el incumplimiento en trasladar la información a la Corte Suprema o en solicitar apoyo adicional, la evaluación posterior cambió el enfoque. Según se indicó, la fiscal enfrentaba una carga de trabajo “inmensa” y no contaba con equipos suficientes para procesar el material digital. La entidad concluyó que antes de iniciar posibles sanciones, debe revisarse la manera en que se apoya a los fiscales territoriales que manejan casos complejos.

El pronunciamiento hace parte del proceso interno que adelanta la Fiscalía tras las revelaciones periodísticas difundidas inicialmente por Noticias Caracol sobre comunicaciones atribuidas a alias “Calarcá”. Esos documentos mencionaban contactos con funcionarios de inteligencia y mandos militares, y derivaron en la apertura de una investigación ordenada por el Ministerio de Defensa.

Aunque el material en poder de la Fiscalía permanece en análisis y no existe una decisión final sobre posibles faltas disciplinarias, la entidad señaló que lo ocurrido evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad operativa para tramitar información de alto volumen y complejidad en investigaciones de seguridad nacional.

Redactado por: Aldair Cuartas