Más de 13.000 interceptaciones legales hacen parte actualmente de procesos judiciales en Colombia, sin que hasta el momento exista evidencia de que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella esté vinculado a estas comunicaciones, según información entregada por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con lo señalado por la fiscal general Luz Adriana Camargo, estas interceptaciones corresponden a cerca de 2.300 procesos activos y se encuentran bajo estricta reserva judicial, lo que limita el acceso a su contenido incluso dentro de la misma entidad, salvo autorización de los jueces encargados de cada caso.

El tema cobró relevancia luego de declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien hizo referencia a supuestas conversaciones que involucrarían al candidato y a empresarios relacionados con la empresa Thomas Greg & Sons. Estas afirmaciones generaron cuestionamientos sobre el origen de la información y la posible existencia de interceptaciones.

Frente a esto, De la Espriella negó cualquier vínculo con los hechos mencionados y calificó los señalamientos como un “montaje”. Además, aseguró no conocer a las personas referidas y pidió que se presenten pruebas que respalden las afirmaciones. El abogado también indicó que estaría dispuesto a asumir responsabilidades en caso de demostrarse lo contrario.

Por su parte, la fiscal general advirtió sobre la gravedad de que información reservada de procesos judiciales sea mencionada públicamente, señalando que este tipo de datos cuenta con protección legal y su divulgación podría afectar investigaciones en curso.

El caso mantiene la atención en torno a la procedencia de la información mencionada y a la verificación de posibles vínculos, en medio de un escenario político donde las declaraciones públicas han reavivado el debate sobre el uso de datos judiciales y su impacto en la contienda electoral