El Fondo Milagro quedó formalmente constituido como el vehículo que administrará recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, luego de que el presidente Abelardo De La Espriella confirmara su junta directiva durante el Consejo de Ministros. La gerencia estará en cabeza del empresario Jaime Andrés Uribe y la fiducia será manejada por Fiducoldex, mientras la junta tendrá participación mayoritariamente privada y deberá acompañar las decisiones sobre el destino de los recursos.
Uno de los datos que empieza a dimensionar el desafío está en la zona cafetera. Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros e integrante de la junta, reveló que han visitado 22.000 fincas cafeteras, encontrando más de 12.000 viviendas con algún nivel de afectación y 1.074 completamente colapsadas. Incluso antes de la puesta en marcha definitiva del fondo, la Federación ya entregó una primera vivienda en Antioquia, construye cinco en Caldas y prepara entregas en Belén de Umbría, Risaralda, y Circasia, Quindío.
Sobre la financiación, se señaló que ya existiría un primer billón de pesos para comenzar la operación a través de Fiducoldex y que el Gobierno tendría identificadas diferentes fuentes para financiar la reconstrucción. Según lo expuesto en la conversación, para 2026 se han identificado más de $5 billones y para el próximo año más de $6 billones, provenientes de mecanismos como créditos, traslados de recursos, fondos especiales, aportes voluntarios, obras por impuestos y regalías; en conjunto se habló de más de $13 billones identificados, aunque no todos necesariamente serán administrados por el Fondo Milagro.
El inicio formal del Fondo Milagro también abrió el debate sobre la velocidad de la respuesta. Se ha cuestionado que su constitución jurídica haya tomado cerca de dos meses, especialmente frente a la urgencia de las familias damnificadas; sin embargo, también se diferenció ese trámite de las acciones de emergencia y reconstrucción que ya venían desarrollándose. Otro de los puntos planteados fue que la recuperación no debería limitarse a reconstruir viviendas: también tendrá que atender la pérdida de empleos e ingresos de personas cuya actividad económica desapareció después del terremoto.
