El presidente Gustavo Petro, junto a todos los ministros de su gabinete, firmó el decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 que declara el estado de emergencia económica y social por 30 días en todo el país, una decisión que marca un nuevo momento en la discusión sobre el rumbo fiscal de Colombia. El propósito consiste en recaudar 16 billones de pesos, monto que no fue obtenido a través de la reforma tributaria debido a que esta no fue aprobada por el Congreso.

La declaratoria concede al Ejecutivo facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley, un mecanismo previsto para escenarios que, según el Gobierno, requieren respuestas inmediatas. En este caso, el argumento central es la necesidad de garantizar la continuidad del Estado y de sus obligaciones.

Ese episodio legislativo del hundimiento a la reforma tributaria es el telón de fondo de la decisión. Según el gobierno se buscaba generar nuevos ingresos para financiar el presupuesto del próximo año, pero su archivo dejó un faltante significativo en las proyecciones fiscales. Con ese escenario sobre la mesa, el Ejecutivo señaló que la emergencia económica permitiría adoptar medidas temporales, entre ellas ajustes tributarios y decisiones presupuestales, orientadas a cerrar el déficit identificado.

Desde el Gobierno se ha insistido en que las facultades extraordinarias no son un fin en sí mismo, sino un recurso para atender una coyuntura que, de no corregirse, podría afectar la ejecución de programas sociales y el funcionamiento de servicios públicos. Las decisiones que se adopten durante este periodo deberán guardar relación directa con las razones que dieron origen a la emergencia.

La medida, sin embargo, no ha pasado inadvertida en el escenario político. Sectores de la oposición han manifestado reparos frente al uso de la figura de emergencia económica para responder a un revés legislativo y han advertido que algunas disposiciones podrían ser objeto de revisión. En paralelo, se ha anticipado que el Congreso ejercerá control político sobre las actuaciones del Ejecutivo durante este periodo excepcional.

Con la declaratoria en firme, se abre ahora una etapa en la que el Gobierno deberá materializar las decisiones anunciadas mediante decretos, los cuales, como establece el orden constitucional, podrán ser evaluados posteriormente por la Corte Constitucional.