Durante el Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), Iván Sánchez, delegado del gobierno electo de Abelardo de la Espriella para el sector salud, anunció un plan de salvamento de hasta $10 billones que sería ejecutado durante los primeros 90 días del nuevo gobierno para atender la crisis del sistema de salud. Según explicó, los recursos estarán sujetos a criterios de priorización, auditoría y trazabilidad, y no serán distribuidos de manera indiscriminada.
La propuesta contempla destinar hasta $4 billones para el pago de nóminas atrasadas y deudas críticas con IPS públicas y privadas, $3 billones para medicamentos represados y tratamientos interrumpidos, $2 billones para atender pacientes con enfermedades catastróficas y crónicas, y $1 billón como reserva para atender necesidades del Invima y los Institutos Departamentales de Salud. Sánchez aseguró que los giros estarán condicionados a criterios como riesgo vital, continuidad terapéutica, vulnerabilidad territorial, sostenibilidad de los servicios y deudas previamente verificadas. “No pagaremos por presión mediática ni por cercanía política”, afirmó.
Durante la presentación, el delegado también reveló cifras preliminares entregadas por el equipo de empalme, las cuales aclaró deberán ser verificadas y auditadas paciente por paciente. Entre ellas mencionó más de 900.000 registros y alertas asociados a personas con cáncer con atenciones pendientes, interrumpidas o incompletas; cerca de 1,6 millones de pacientes con enfermedades crónicas con tratamientos o medicamentos represados; y aproximadamente 3.000 pacientes trasplantados expuestos a posibles interrupciones en la entrega de los medicamentos indispensables para conservar sus órganos.
Sánchez agregó que, de acuerdo con información de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, 232 instituciones acumulan una cartera cercana a $25,7 billones, con una mora del 58 %, mientras que las EPS intervenidas o bajo vigilancia especial concentran $12,6 billones de esa deuda. Aunque insistió en que las cifras asistenciales aún deben ser depuradas, aseguró que constituyen una alerta que el nuevo gobierno no puede ignorar y que servirán como base para las primeras decisiones en materia de salud.
