Un proyecto de ley que propone penas de entre 54 y 96 meses de prisión y multas de 50 a 200 salarios mínimos mensuales para quienes cometan actos vandálicos ocultando deliberadamente su identidad durante manifestaciones públicas fue radicado en el Congreso. La iniciativa, denominada por sus autores como “Ley Anticapuchos”, fue presentada por representantes del Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador.

El proyecto fue radicado por Jaime Arizabaleta, Miguel Ángel Pinto y Daniel Briceño, del Centro Democrático; Julio César Triana, de Cambio Radical, y Guillermo Alvira, del Partido Conservador. La propuesta plantea sancionar a quien utilice prendas, máscaras, pasamontañas u otros elementos para impedir o dificultar su identificación y, valiéndose de este ocultamiento, cometa actos vandálicos durante una manifestación, reunión, movilización o concentración pública.

El articulado también contempla agravantes cuando se utilicen artefactos peligrosos de fabricación artesanal, explosivos, sustancias corrosivas u otros elementos capaces de causar graves daños. Estas circunstancias también aplicarían cuando las conductas afecten establecimientos educativos, instituciones de salud, instalaciones de organismos de socorro, bienes de interés cultural o infraestructura de servicios públicos esenciales.

La iniciativa incluye disposiciones relacionadas con la obstrucción de vías e infraestructura de transporte. Quien, mediante medios ilícitos, incite, dirija, constriña o proporcione elementos para generar bloqueos que atenten contra la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo podría enfrentar entre 54 y 96 meses de prisión, multas de 50 a 200 salarios mínimos e inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo término de la pena.

Los congresistas promotores sostienen que el proyecto busca diferenciar el ejercicio de la protesta pacífica de las conductas delictivas cometidas aprovechando el ocultamiento de la identidad. La iniciativa apenas comienza su trámite legislativo y deberá ser discutida inicialmente en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, por lo que las sanciones planteadas todavía no hacen parte de la legislación vigente.