La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) manifestó este 18 de septiembre su preocupación por dos iniciativas que actualmente se tramitan en el Congreso y que, según la propia entidad, podrían afectar su funcionamiento e independencia. Una de ellas corresponde a la propuesta del senador Enrique Gómez Martínez de trasladar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. El congresista ha explicado que los recursos serían utilizados para crear nuevos despachos o fortalecer la planta de la justicia ordinaria, iniciativa que recibió respaldo público del presidente Abelardo De La Espriella. El traslado todavía es una propuesta dentro del trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027 y no ha sido aprobado definitivamente. 202060918 – Comunicado 117 – Con dos iniciativas radicadas por los partidos de gobierno ante el Congreso se evidencia la existencia de una estrategia para impedir el funcionamiento de la JEP.
De acuerdo con el comunicado oficial, los $100.000 millones representarían el 62 % de los $161.271 millones previstos para adquisición de bienes y servicios de la Jurisdicción. La JEP sostiene además que ya enfrenta una desfinanciación acumulada de $84.663 millones y advierte que, de aprobarse el traslado, podrían quedar comprometidos $62.478 millones destinados a convenios con la Unidad Nacional de Protección para proteger víctimas, testigos y operadores judiciales, así como $29.362 millones requeridos para las sedes principal y alterna en Bogotá. También señala posibles afectaciones a su infraestructura tecnológica y a la gestión de los macrocasos. 202060918 – Comunicado 117 – Con dos iniciativas radicadas por los partidos de gobierno ante el Congreso se evidencia la existencia de una estrategia para impedir el funcionamiento de la JEP.
La controversia coincide con otra iniciativa que, según la JEP, avanza en la Comisión Primera del Senado y plantea que las sentencias emitidas por esta jurisdicción contra integrantes de la Fuerza Pública tengan una revisión judicial automática a cargo de la Justicia Penal Militar. Frente a las dos propuestas, la Jurisdicción sostiene que existe una estrategia de “asfixia económica” y de sometimiento a la justicia militar; esta es la valoración expresada por la propia JEP en su comunicado, no un hecho establecido de manera independiente. 202060918 – Comunicado 117 – Con dos iniciativas radicadas por los partidos de gobierno ante el Congreso se evidencia la existencia de una estrategia para impedir el funcionamiento de la JEP.
La JEP reconoce que la Rama Judicial atraviesa dificultades presupuestales y rezagos en procesos pendientes, pero sostiene que esas necesidades no deberían solucionarse reduciendo los recursos de la justicia transicional. En contraste, Gómez ha argumentado que trasladar los $100.000 millones permitiría fortalecer la justicia ordinaria frente a un rezago que cifra en cerca de 2,2 millones de procesos, además de cuestionar los resultados obtenidos por la JEP.
Ante este escenario, la Jurisdicción anunció que llevará la situación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, los países garantes del Acuerdo de Paz y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. También pidió al Congreso revisar las consecuencias de las iniciativas y garantizar los recursos que considera indispensables para continuar su operación.
