Un juez de Bogotá ordenó al presidente Abelardo De La Espriella ofrecer disculpas públicas al pueblo colombiano, a más tardar el 30 de septiembre de 2026 a las 7:00 p. m., mediante una alocución por radio y televisión, al considerar que durante su posesión presidencial del pasado 7 de agosto en Cali se vulneró la neutralidad religiosa del Estado. La decisión responde a una tutela presentada por Omar Alberto Franco Becerra, quien alegó la afectación de sus derechos a la libertad de conciencia y de culto.

El despacho judicial cuestionó varios elementos incorporados a la ceremonia oficial, entre ellos un espacio denominado “invocación y alabanza”, la participación de representantes de tres sectores religiosos y la presencia de una imagen de la Virgen de Fátima. Según el fallo, las autoridades pueden profesar creencias religiosas, pero en el ejercicio de sus funciones deben evitar que la institucionalidad aparezca asociada con una religión o credo particular.

Además de las disculpas, De La Espriella deberá manifestar que se abstendrá de realizar actuaciones que impliquen una inclinación institucional hacia la Iglesia católica o cualquier otra confesión religiosa. El juez también ordenó que durante septiembre la Presidencia expida una directiva dirigida a los servidores públicos para establecer el respeto a la neutralidad religiosa del Estado durante los actos desarrollados en ejercicio de sus funciones.

La decisión también alcanza al presidente del Congreso, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, quien deberá ofrecer disculpas públicas durante una sesión plenaria prevista para la última semana de septiembre de 2026. El congresista tendrá que comprometerse igualmente a evitar actuaciones que, cuando represente oficialmente al Congreso, proyecten una inclinación institucional hacia un credo determinado.

Las órdenes se originan específicamente en lo ocurrido durante la ceremonia del 7 de agosto, pero incluyen actuaciones posteriores para la Presidencia y el Congreso. De esta manera, De La Espriella deberá cumplir con la alocución y emitir la directiva presidencial, mientras Henríquez Pinedo tendrá que realizar el pronunciamiento dispuesto por el juez ante la plenaria del Congreso.