Juliana Guerrero aceptó su responsabilidad por fraude procesal y llegó a un preacuerdo con la Fiscalía que contempla una pena de tres años, una multa de 100 salarios mínimos y una inhabilidad de dos años y medio para ejercer cargos y funciones públicas. Sin embargo, el acuerdo no significa necesariamente que Guerrero vaya a prisión: según la información conocida del proceso, se contempla la posibilidad de solicitar la suspensión de la ejecución de la pena, mientras el preacuerdo deberá ser sometido a decisión judicial.

El proceso está relacionado con los títulos de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y profesional en Contaduría Pública que recibió de la Fundación Universitaria San José y que utilizó para respaldar su hoja de vida cuando buscaba aspirar al cargo de viceministra de Juventudes durante el Gobierno de Gustavo Petro. Según la Fiscalía, Guerrero no habría cumplido los requisitos académicos necesarios para obtener esos títulos y habría utilizado los documentos para inducir en error a los funcionarios encargados del proceso de nombramiento.

Durante la audiencia, Guerrero reconoció que cometió fraude procesal al actualizar su hoja de vida en el SIGEP y presentar los documentos ante el Ministerio de Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al Viceministerio de Juventudes. Ante el juez confirmó que aceptaba los cargos de manera libre y voluntaria, además de reconocer que comprendía las consecuencias de la negociación y que renunciaba a llevar el caso a juicio.

Como parte del preacuerdo, la Fiscalía degradó su grado de participación de autora a cómplice, lo que permitió establecer la pena en tres años. La propia Guerrero confirmó ante el juez que el beneficio de la negociación incluía esa reducción, junto con la inhabilidad de dos años y medio y la multa de 100 salarios mínimos.

De acuerdo con la investigación, para obtener los documentos académicos se habrían realizado pagos cercanos a los $8 millones: $2 millones por la matrícula de la tecnología, $4,7 millones por la matrícula de Contaduría Pública y el monto restante por derechos de grado y otros trámites administrativos. La Fiscalía sostiene que Guerrero conocía la presunta falsedad de los documentos cuando los incorporó a su hoja de vida.

Ahora será el juez quien deberá pronunciarse sobre el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía. Además de la aprobación de la negociación, queda por definirse la posibilidad de una suspensión de la ejecución de la pena, mecanismo que podría permitir que Guerrero cumpla la condena de tres años sin ingresar a un establecimiento carcelario.