Un reportaje del diario estadounidense The New York Times evidenció la operación de minería ilegal en La Mandinga, una zona donde la extracción de oro se estaría realizando cerca e incluso dentro del área del Batallón Rifles 31 del Ejército Nacional, en un caso que deja al descubierto la presencia de esta actividad en inmediaciones directas de una base militar.

De acuerdo con la investigación, en el lugar se adelantan labores de extracción con mangueras de alta presión y maquinaria, en un corredor que colinda con la base. Imágenes captadas con drones y recorridos en terreno permitieron establecer que la actividad minera se extendía hasta zonas que harían parte del perímetro militar, sin evidencia clara de delimitación física entre ambos espacios.

Inicialmente, el comandante del batallón, coronel Daniel Echeverry, negó que se estuviera desarrollando explotación dentro de las instalaciones. Sin embargo, durante una verificación en terreno, el propio oficial constató la presencia de mineros operando en áreas que corresponderían a la base, lo que derivó en una intervención inmediata por parte de las tropas.

Durante el procedimiento, soldados destruyeron equipos utilizados en la minería ilegal, en medio de momentos de tensión con los trabajadores. El reportaje describe enfrentamientos verbales, resistencia de los mineros e incluso amenazas, mientras algunos intentaban recuperar maquinaria o apagar las llamas con agua de los pozos generados por la misma actividad extractiva.

La investigación también señala que quienes operan en la mina estarían pagando un impuesto al Clan del Golfo para poder extraer el oro, lo que convierte esta actividad en una fuente directa de financiación para esta estructura armada ilegal. Además, el reportaje advierte que el mineral extraído estaría ingresando a cadenas internacionales de comercialización, e incluso podría estar llegando a la Casa de la Moneda de Estados Unidos, pese a las restricciones existentes.

Tras la publicación, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia emitió un comunicado en el que negó ser propietario de la mina. El grupo afirmó que la explotación sería realizada por civiles y que su relación con la actividad no correspondería a un control directo, sino a un cobro que, según su versión, estaría orientado a brindar protección a quienes desarrollan esta actividad en la zona.