Con más de 4.351 hombres destinados a labores de seguridad, un costo que puede superar los $500 millones mensuales por candidato y un despliegue que incluye personal de la UNP y la Policía, el Gobierno Nacional expuso las medidas de protección para aspirantes presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales, en un anuncio realizado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, junto al procurador general Gregorio Eljach Pacheco.
Según lo informado, actualmente se han dispuesto 107 integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP), 160 policías, 29 vehículos convencionales, 39 blindados y 29 chalecos, además de 198 servicios de protección en desplazamientos fuera de las zonas habituales de los candidatos, de los cuales 139 corresponden a campañas presidenciales y 59 a fórmulas vicepresidenciales.
El ministro Benedetti indicó que cada vez que un candidato se desplaza cuenta con no menos de 40 efectivos de la Policía, acompañados de esquemas de movilidad y seguridad. Asimismo, señaló que las campañas con mayores niveles de protección disponen de al menos 30 hombres en sus esquemas y pueden incluir unidades especializadas como el GOES, además de apoyos logísticos para traslados.
En cuanto a los costos, el jefe de la cartera política explicó que los esquemas más robustos de la UNP pueden superar los $500 millones mensuales por candidato, sin incluir los recursos adicionales asociados al apoyo de la Fuerza Pública.
Estas cifras fueron presentadas en el marco de un encuentro liderado por la Procuraduría General de la Nación, en el que se evaluaron las condiciones de seguridad de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo, con la participación de autoridades del Gobierno, Fuerzas Militares, Policía y representantes de las campañas.
Durante la jornada, el procurador Gregorio Eljach solicitó a las entidades de seguridad atender con prontitud las solicitudes de protección de las 14 campañas en contienda, al tiempo que consultó sobre la disponibilidad de recursos presupuestales para garantizar estos esquemas, a lo cual el Gobierno respondió que están asegurados.
Finalmente, desde el Ministerio Público se reiteró la intención de fortalecer una estrategia de “Paz Electoral”, orientada a garantizar condiciones de tranquilidad, libertad y respeto por los resultados, en línea con lo ocurrido en las elecciones legislativas recientes.
