La crisis que enfrentan los productores de arroz de Casanare, golpeados por las inundaciones y los bajos precios del grano, llevó al Ministerio de Agricultura a gestionar un acuerdo con el sector financiero, la industria molinera y los proveedores de insumos para evitar que los agricultores pierdan sus activos y se queden sin capital de trabajo para la próxima cosecha.

Según el Ministerio, más de 13.000 hectáreas de arroz resultaron afectadas por las inundaciones de julio, en un departamento que representó el 54,8 % del área arrocera nacional durante el primer semestre de 2026. A esto se sumó la caída en los precios: entre febrero y julio, el arroz paddy verde se comercializó en Yopal a un promedio de $1.264.000 por tonelada, uno de los valores más bajos entre las principales plazas de referencia y por debajo de los costos de producción de numerosos agricultores.

De acuerdo con cifras citadas por la cartera de Agricultura, los productores de Casanare acumulan obligaciones por alrededor de $470.000 millones con la industria molinera. Ante este panorama, el ministro Indalecio Dangond solicitó reperfilar los créditos, ampliar los plazos de pago, suspender temporalmente procesos de cobro jurídico y embargos mientras se atiende la emergencia, y facilitar acuerdos que permitan mantener la capacidad productiva.

El Ministerio anunció además una mesa de trabajo con el sector financiero, la industria molinera y el agrocomercio, en la que se definirán mecanismos de alivio y un esquema para garantizar el capital de trabajo necesario para la siembra del primer semestre de 2027. “No podemos permitir que una emergencia climática y una coyuntura de bajos precios terminen sacando del cultivo a los productores de arroz de Casanare”, afirmó el ministro.

La apuesta del Gobierno Nacional es evitar que la crisis actual termine reduciendo la producción de arroz en el departamento y comprometa el abastecimiento nacional durante 2027.