Una nueva discusión sobre el sistema pensional comienza a abrirse paso en el Congreso. La propuesta busca modificar algunos de los puntos establecidos en la Ley 2381, reforma pensional aprobada durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, principalmente en aspectos como la cotización obligatoria en Colpensiones, la posibilidad de elegir entre el régimen público y los fondos privados y el destino de los ahorros de quienes no logren pensionarse.

Uno de los principales cambios introducidos por la reforma aprobada es el paso hacia un sistema de pilares. Bajo ese modelo, los trabajadores deben cotizar obligatoriamente en Colpensiones sobre sus ingresos hasta 2,3 salarios mínimos; cuando el ingreso supera ese umbral, la parte restante de la cotización se dirige al componente de ahorro individual.

Precisamente ese umbral es uno de los asuntos que se busca modificar. La propuesta que comienza a discutirse plantea reducirlo inicialmente a un salario mínimo, aunque también se ha mencionado 1,5 salarios mínimos como una alternativa que podría surgir de la negociación en el Congreso.

Otro cambio estaría relacionado con la libertad de elección. La iniciativa plantea que los trabajadores puedan decidir, de acuerdo con sus condiciones particulares, si permanecen en el régimen administrado por Colpensiones o continúan realizando su ahorro pensional en un fondo privado. Según la senadora Claudia Zuleta, uno de los argumentos de quienes promueven este ajuste es reducir las obligaciones futuras que asumiría el Estado con el sistema público.

La propuesta también plantea modificaciones para quienes llegan a la edad correspondiente sin reunir las condiciones necesarias para obtener una pensión. La Ley 2381 contempla mecanismos para convertir determinados recursos acumulados en una renta periódica; la nueva iniciativa busca que la persona pueda escoger entre recibir una mesada o solicitar la devolución de los saldos o la indemnización sustitutiva, dependiendo de su situación.

En cuanto a las edades, quienes impulsan la iniciativa aseguran que no están proponiendo aumentar la edad general de pensión y plantean mantener como referencia los 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. La discusión señalada por Zuleta se concentra en disposiciones de la Ley 2381 que, en determinados casos de personas que no cumplen los requisitos al alcanzar esas edades, extienden por tres años el periodo para intentar acceder al beneficio.

Por ahora, estos cambios son una propuesta y no una nueva reforma aprobada. Su contenido deberá pasar por la discusión del Congreso y podría modificarse durante la búsqueda de acuerdos entre las diferentes bancadas y el Gobierno. La propia promotora reconoce que el propósito es ajustar algunos componentes de la Ley 2381 y no sustituir completamente el sistema de pilares establecido por la reforma anterior.