La Fiscalía General de la Nación entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas un predio ubicado en zona rural de Santa Marta, Magdalena, avaluado en más de $17.000 millones y vinculado a Carlos Alberto y Antonio Nel Zúñiga Caballero, empresarios condenados por nexos con antiguos cabecillas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos Vicente Castaño Gil.
La Fiscalía General de la Nación entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas un predio ubicado en zona rural de Santa Marta, Magdalena, avaluado en más de $17.000 millones y vinculado a Carlos Alberto y Antonio Nel Zúñiga Caballero, empresarios condenados por nexos con antiguos cabecillas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos Vicente Castaño Gil.
De acuerdo con la investigación, el inmueble habría sido adquirido en medio de hechos relacionados con intimidaciones armadas y desplazamientos forzados de comunidades afrodescendientes e indígenas en la región del Bajo Atrato, donde estructuras paramilitares ejercían control territorial.
Según las evidencias recopiladas por la Fiscalía, comunidades de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, así como otros sectores del Chocó, habrían sido despojadas de sus tierras para permitir el desarrollo de proyectos agroindustriales de palma de aceite impulsados por empresarios relacionados con esos grupos armados.
El predio estaba a nombre de una sociedad inicialmente conformada por los hermanos Zúñiga Caballero y, según el ente investigador, haría parte del patrimonio obtenido en medio de las actividades ilícitas atribuidas a los empresarios. Por solicitud de la Fiscalía, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre el inmueble, que ahora será destinado a procesos de reparación integral para víctimas del conflicto armado.
