Un proyecto de ley radicado en el Congreso de la República plantea descontar del salario de los docentes de colegios públicos los días en que se ausenten de sus labores para participar en protestas ajenas a su actividad educativa. La iniciativa argumenta que las interrupciones de clases afectan el calendario académico y el derecho de los estudiantes a recibir educación continua.

La propuesta también contempla una evaluación docente obligatoria y declarar la educación como un servicio público esencial. Según sus promotores, las medidas buscan fortalecer el control laboral y garantizar la continuidad de las actividades académicas en las instituciones educativas oficiales.

Sin embargo, la iniciativa genera preocupación entre sectores sindicales y representantes del magisterio, que advierten sobre posibles restricciones al derecho a la protesta y afectaciones a las garantías laborales del sector. El proyecto abre nuevamente el debate sobre los límites de la movilización sindical y la responsabilidad del Estado de garantizar la prestación del servicio educativo.