Un proyecto de decreto del Ministerio de Educación abrió una discusión alrededor del futuro de la educación pública en Colombia. La propuesta modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015 y establece las condiciones bajo las cuales entidades territoriales certificadas podrían contratar con terceros la prestación del servicio educativo o apoyarse en operadores para la administración de establecimientos oficiales. El documento todavía se encuentra en etapa de comentarios y, por tanto, no se trata de una medida que ya esté vigente.

El proyecto diferencia varias modalidades. Una corresponde a la contratación de la prestación del servicio educativo con privados cuando exista insuficiencia o limitaciones en la oferta oficial; otra permite que un tercero apoye la administración de establecimientos educativos públicos, aunque la titularidad y responsabilidad continúen en cabeza de la entidad territorial. También contempla contratos con iglesias o confesiones religiosas para implementar estrategias de desarrollo pedagógico en establecimientos oficiales.

Uno de los puntos que ha generado mayor controversia está relacionado con el personal vinculado por los operadores en los contratos de apoyo a la administración. Según el proyecto conocido, estos trabajadores podrían ser contratados bajo normas de derecho privado y no adquirirían por esa vinculación la condición de empleados públicos ni ingresarían a la carrera docente. Para los operadores también se establecen requisitos de experiencia y condiciones sobre la duración de los contratos.

La propuesta provocó cuestionamientos de Fecode y del expresidente Gustavo Petro, quienes advierten que estos mecanismos podrían aumentar la participación de privados en la educación oficial y trasladar recursos públicos hacia terceros. Petro incluso convocó a estudiantes, profesores y padres de familia a movilizarse contra la iniciativa.

Frente a esas críticas, la ministra de Educación, Viviane Morales, negó que el proyecto busque privatizar el sistema. Según explicó, los establecimientos administrados mediante estos mecanismos conservarían su carácter oficial, los estudiantes continuarían dentro de la matrícula pública y las entidades territoriales mantendrían la dirección, responsabilidad, control y vigilancia sobre la prestación del servicio.

La ministra también defendió la posibilidad de contratar con iglesias y confesiones religiosas y sostuvo que este tipo de colaboración ya tiene antecedentes dentro de la regulación educativa colombiana. Asimismo, señaló que la contratación directa de la prestación del servicio tendrá carácter excepcional y deberá justificarse cuando existan insuficiencias o limitaciones en la capacidad de los establecimientos oficiales.