Colombia entra en una nueva etapa del debate político con el regreso de las encuestas de intención de voto. Luego de varios meses sin mediciones públicas por restricciones legales, el levantamiento del veto marca el reinicio de los estudios de opinión que acompañarán el camino hacia las elecciones presidenciales de 2026.
La suspensión temporal de encuestas fue consecuencia de la Ley 2494 de 2025, sancionada por el presidente Gustavo Petro en julio de este año. La norma regula la realización, publicación y divulgación de encuestas políticas y electorales, imponiendo nuevas exigencias técnicas y metodológicas a las empresas del sector.
Entre sus disposiciones, la ley establece que las encuestas de intención de voto solo pueden difundirse a partir de tres meses antes del inicio del periodo oficial de inscripción de candidaturas. Además, obliga a incluir en la muestra a municipios con más de 800 mil habitantes y a un grupo representativo de poblaciones medianas y pequeñas, lo que amplía considerablemente el tamaño de las muestras y eleva sus costos.
El nuevo marco generó dificultades para firmas tradicionales como Invamer, reconocida por publicar el sondeo bimestral más consultado del país durante más de 30 años. En agosto, la empresa difundió una encuesta sin resultados, explicando que “no nos es posible informarte cómo van las cosas” debido a las restricciones de la nueva ley. La compañía advirtió que, para cumplir con los requisitos actuales, tendría que multiplicar su muestra de 1.400 entrevistas a más de 11.000, lo que resulta inviable bajo su esquema operativo.
A esto se suma la demanda que cursa ante la Corte Constitucional contra la norma, interpuesta por académicos y medios que consideran que la ley limita el derecho a informar y dificulta la transparencia del debate público. Aunque el veto fue levantado, la demanda sigue en trámite, lo que mantiene cierta incertidumbre sobre el alcance real de la regulación.
Mientras tanto, el regreso de las encuestas se da en un contexto político distinto al de la última medición nacional publicada por Invamer, en la que figuraban nombres como Claudia López, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Luis Gilberto Murillo y Juan Manuel Galán. Desde entonces, el escenario ha cambiado. Nuevos precandidatos se han posicionado, otros han perdido visibilidad y la percepción sobre el gobierno Petro también ha variado.
Con el retorno de los estudios de opinión, los partidos vuelven a contar con una herramienta clave para ajustar sus estrategias, medir impacto territorial y definir alianzas. Los resultados de las primeras encuestas que se publiquen en los próximos meses serán determinantes para marcar la agenda política y mediática del país.
El regreso de las encuestas, tras meses de silencio estadístico, devuelve también un pulso necesario para el análisis público. La contienda hacia 2026 empieza a tomar forma con un ingrediente esencial, la posibilidad de medir, otra vez, cómo se mueve la intención de voto en un país que entra en su fase preelectoral más decisiva.
Redactado por Aldair Cuartas
