El 25 % de los colombianos considera que la salud es actualmente el principal problema que enfrenta el país, por encima de la corrupción, la inseguridad y el desempleo. Además, el 22 % de la población asegura que debe destinar más de 500.000 pesos mensuales de su propio bolsillo para cubrir servicios, medicamentos y tratamientos médicos, según un estudio realizado por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y Eureka Group.

La investigación también encontró que el 34,5 % de los encuestados está asumiendo directamente costos derivados de la crisis del sistema de salud. Solo el 14,4 % manifestó no haber tenido gastos adicionales, mientras que el 38,2 % indicó que ha tenido que cubrir algunos costos para acceder a la atención requerida.

Los resultados muestran que la preocupación por la salud ha superado otras problemáticas históricas del país. Entre las principales dificultades reportadas por los usuarios aparecen las demoras en la asignación de citas médicas, la entrega incompleta de medicamentos y las barreras para acceder oportunamente a servicios especializados.

En cuanto a la discusión sobre una reforma al sistema, el estudio señala que el 43 % de los colombianos está de acuerdo con realizar cambios estructurales. Sin embargo, solo el 30 % considera que las EPS deberían desaparecer completamente.

Por el contrario, el 69 % de los consultados cree que la participación del sector privado sigue siendo importante dentro de la administración del sistema de salud, mientras que el 31 % preferiría un modelo totalmente público.

Otro de los hallazgos señala que los usuarios afiliados a EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud reportan una mayor percepción de deterioro en la prestación de los servicios, especialmente en la entrega de medicamentos y en los tiempos de espera para consultas y procedimientos.

Como conclusión, los investigadores señalaron que la salud se consolidó como la principal prioridad ciudadana y que la mayoría de colombianos no se inclina por un sistema completamente estatal ni totalmente privado. Según el informe, los usuarios demandan un modelo mixto que garantice acceso, oportunidad y eficiencia en la prestación de los servicios.