La revista SEMANA publicó una investigación basada en información que atribuye a inteligencia militar, según la cual el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tendría entre sus objetivos ampliar su presencia en Casanare y alcanzar un mayor control criminal sobre el departamento. La publicación señala que esta intención estaría relacionada con los recursos económicos que mueven actividades como el petróleo, la ganadería, el cultivo de arroz y la agroindustria, además de las posibilidades de obtener rentas mediante extorsiones.
De acuerdo con el informe periodístico, fuentes de inteligencia consultadas por SEMANA sostienen que el ELN buscaría “conquistar nuevamente Casanare”, aunque actualmente no habría logrado consolidar ese propósito. El interés de la organización armada no se limitaría al control territorial, sino que también estaría dirigido a dominar economías capaces de generar recursos para financiar su estructura y adquirir elementos necesarios para sus actividades ilegales.
La ubicación geográfica de Casanare sería otro de los factores estratégicos. El departamento tiene conexión con Arauca y, desde allí, con la frontera venezolana, además de corredores que permiten proyectarse hacia Vichada, Guaviare y otras regiones históricamente afectadas por el narcotráfico. Según la fuente militar citada por SEMANA, controlar esta zona significaría tener acceso tanto a una economía amplia como a rutas de comunicación con el suroriente colombiano.
La información conocida por el medio también señala que el ELN buscaría ocupar espacios que quedaron disponibles tras la salida de las antiguas Farc, luego del acuerdo de paz. La pretensión sería ingresar gradualmente a esos territorios y establecer dominio sobre las actividades económicas, las rutas y las comunidades, fortaleciendo su posición frente a otras organizaciones armadas y ante un eventual escenario de negociación con el nuevo Gobierno nacional.
SEMANA indica que esta expansión ya no se realizaría mediante grandes concentraciones de guerrilleros, como ocurría durante las décadas de 1990 y 2000. Según la información de inteligencia citada, el grupo estaría utilizando pequeñas comisiones de entre 15 y 20 integrantes, mientras que determinadas acciones podrían ser ejecutadas por apenas dos o tres personas, dificultando su detección y permitiéndoles movilizarse con mayor facilidad.
Otro componente señalado en la publicación es la creación de redes de información alrededor de comerciantes, agricultores, ganaderos y empresas del sector petrolero. Personas cercanas a las víctimas, e incluso vinculadas a áreas de seguridad, administración o gerencia, estarían suministrando información sobre negocios, movimientos y entornos familiares, datos que posteriormente serían utilizados para ejercer presión y exigir pagos extorsivos.
Según el reporte, conocer las rutinas y las relaciones familiares de las víctimas aumentaría la capacidad de intimidación de la organización. La fuente consultada por SEMANA explicó que algunos empresarios y productores preferirían acceder a las exigencias económicas antes que exponer a sus familias, mientras los hechos violentos cometidos contra determinados sectores serían empleados para aumentar el miedo y demostrar que las amenazas pueden cumplirse.
La publicación sostiene que estas redes permitirían al ELN mantener presencia e influencia en Casanare sin necesidad de movilizar grandes grupos armados. Sin embargo, hasta el momento, el contenido corresponde a información divulgada por SEMANA a partir de fuentes de inteligencia militar y no a un pronunciamiento público detallado de las autoridades sobre cada uno de los señalamientos expuestos.
