La exalcaldesa de Cabuyaro, Meta, Diana Evelia Mendoza Espinel (2020–2023), fue objeto de pliego de cargos por presuntamente suscribir obligaciones crediticias sin contar con autorización vigente del Concejo Municipal.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, la investigación se centra en la firma de otrosíes a un contrato de empréstito con el Banco Agrario, los cuales habrían sido suscritos pese a que el Acuerdo Municipal 015 de 2018, que facultaba este tipo de operaciones, habría perdido vigencia al superarse el término legal establecido.

El ente de control evalúa si con esta actuación la exmandataria pudo incumplir sus deberes funcionales y vulnerar el ordenamiento legal en lo relacionado con la gestión de los recursos públicos del municipio.

En esta etapa procesal, la Procuraduría calificó provisionalmente la conducta como falta grave cometida a título de culpa gravísima, al considerar que habría existido una desatención en el manejo de recursos al comprometer dineros públicos sin el debido control del cabildo municipal.

Según lo señalado por la entidad, esta situación pudo afectar principios como la igualdad y la eficacia administrativa, mientras avanza el proceso disciplinario en contra de la exfuncionaria.