Una investigación de la Universidad de Antioquia (UdeA) abrió un nuevo debate sobre las cifras laborales en Colombia al encontrar diferencias significativas entre los datos de empleo formal reportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y los registros de seguridad social administrados por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP).
Según el estudio, mientras el Dane reportó la creación de 814.000 empleos formales durante el último año, los registros administrativos de aportes a seguridad social reflejarían una realidad distinta. De acuerdo con los investigadores, en ese mismo periodo se habrían perdido más de 170.000 empleos formales.
La investigación fue elaborada por Edwin Esteban Torres Gómez, doctor en Economía e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UdeA, junto con el Grupo de Investigaciones de Macroeconomía Aplicada. El análisis comparó los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), utilizada por el Dane para medir el mercado laboral, con los registros de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), que consolida los pagos efectivos a seguridad social realizados por trabajadores y empleadores.

Los investigadores señalaron que las diferencias comenzaron a hacerse más evidentes desde mediados de 2024. Mientras las cifras del Dane mostraban un crecimiento sostenido del empleo formal y una reducción de la informalidad, los registros administrativos reflejaban una desaceleración en las afiliaciones y una caída anual del 1,35 % en febrero de 2026.
El profesor Torres calificó la diferencia como un “error” y aseguró que las divergencias encontradas son suficientemente amplias como para generar preocupación sobre la forma en que se está interpretando el comportamiento del mercado laboral. Según explicó, el principal riesgo es que las cifras laborales sirven de base para la formulación de políticas públicas y podrían conducir a decisiones equivocadas si no reflejan adecuadamente la realidad económica del país.

Frente a los cuestionamientos, el Dane defendió la validez de sus estadísticas y sostuvo que las diferencias obedecen a aspectos metodológicos. La entidad explicó que las encuestas de hogares y los registros administrativos tienen coberturas, objetivos y universos distintos, por lo que sus resultados no necesariamente son comparables de manera directa. Además, recordó que sus mediciones siguen estándares internacionales definidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Naciones Unidas.
La controversia se suma a otros debates recientes sobre estadísticas oficiales, como las correcciones realizadas a las cifras de pobreza monetaria y los cuestionamientos de algunos centros de estudios económicos sobre indicadores de productividad. Mientras continúa la discusión académica, el estudio de la UdeA reabre el análisis sobre cuál es la fotografía más precisa del mercado laboral colombiano.

