El Gobierno Nacional prorrogó por un año la intervención forzosa administrativa de Capresoca EPS, por lo que la medida se extenderá desde el 8 de octubre de 2026 hasta el 7 de octubre de 2027. La decisión quedó establecida en la Resolución Ejecutiva 455 del 6 de octubre, que autoriza mantener la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la entidad para continuar con su administración bajo intervención. La resolución aparece publicada en el repositorio normativo de la Presidencia de la República.

La decisión representa una nueva extensión del proceso que comenzó el 7 de octubre de 2024, cuando la Superintendencia Nacional de Salud ordenó intervenir la EPS. Posteriormente, la medida fue prorrogada hasta el 7 de octubre de 2026 y ahora permanecerá vigente durante un año adicional. Los registros oficiales de Supersalud mantienen a Capresoca bajo intervención forzosa administrativa.

La nueva resolución establece, sin embargo, que la intervención podría terminar antes del 7 de octubre de 2027. La Superintendencia Nacional de Salud tendrá la facultad de levantar la medida antes de esa fecha si determina que existen las condiciones para hacerlo. Mientras permanezca intervenida, Capresoca deberá continuar reportando su información en el Sistema de Gestión y Control de las Medidas Especiales FENIX.

En la administración de la EPS continuará Olga Lucía Vásquez Barrios como agente interventora, mientras que Baker Tilly Colombia Ltda. seguirá desempeñándose como firma contralora. La resolución ordena comunicar la decisión tanto a la interventora como a la firma encargada del control y a las dependencias correspondientes de la Superintendencia Nacional de Salud.

Con esta determinación, Capresoca completará tres años bajo intervención en octubre de 2027, si la medida se mantiene hasta el plazo máximo establecido. La intervención original fue adoptada por Supersalud en 2024 dentro de sus facultades de inspección, vigilancia y control, con el propósito señalado en el acto administrativo de proteger los derechos de los afiliados y garantizar la continuidad del servicio de salud.

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