La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta relación con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia durante la década de los noventa. La decisión también incluye un llamado a indagatoria dentro de un expediente que abarca el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y hechos relacionados con la hacienda Guacharacas.
El proceso se adelanta bajo los procedimientos de la Ley 600 de 2000 y, aunque la diligencia de indagatoria aún no tiene fecha definida, marca un nuevo capítulo judicial para el exmandatario, quien actualmente enfrenta otros procesos en diferentes instancias de la justicia colombiana.
La decisión fue confirmada por el propio Uribe a través de su cuenta en la red social X. Según indicó, la notificación fue recibida por su equipo jurídico pocas horas antes de la segunda vuelta presidencial. “Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema de El Aro, La Granja, José María Valle y Guacharacas. A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”, escribió.
Posteriormente, el exjefe de Estado cuestionó la imparcialidad de la investigación y lanzó críticas contra la fiscal encargada del caso. Uribe aseguró que no ha sido escuchado dentro de esta actuación y afirmó que la decisión responde a presiones de carácter político.
La investigación está en manos de Marcela Abadía, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, funcionaria que llegó a ese cargo durante la administración de la actual fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.
Las masacres de El Aro y La Granja han sido objeto de investigaciones judiciales y pronunciamientos nacionales e internacionales durante varios años debido a la gravedad de los hechos y a las denuncias sobre la posible participación o conocimiento de distintos actores armados y autoridades de la época.
Con la apertura de esta investigación, la Fiscalía iniciará una nueva etapa procesal para establecer si existen elementos suficientes que permitan determinar la eventual responsabilidad del expresidente en los hechos que son materia de investigación.
